Tuesday, 12 October 2010

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Relevamiento de la UBA sobre el funcionamiento de empresas recuperadas

El país|Martes, 12 de octubre de 2010

Nacidas de la crisis, lograron afianzarse
El estudio realizado por la Facultad de Filosofía y Letras muestra que mientras en 2003 había 128 empresas recuperadas en Capital y Gran Buenos Aires, ahora se elevan a 205 y emplean a casi diez mil trabajadores. Estado y sindicatos son los nuevos apoyos.
Por Laura Vales
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Las empresas recuperadas funcionan como cooperativas de trabajo, pero sin una legislación específica.

Lejos de apagarse, la experiencia de las empresas recuperadas se ha asentado y muestra un flujo constante de nuevos casos. Así lo señala el Tercer Relevamiento del sector realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; el informe revela que las recuperadas siguen creciendo en número y ampliando sus planteles de trabajadores. Una de las conclusiones de la investigación es que la formación de cooperativas o empresas autogestionarias como forma de preservar el trabajo ha sido incorporada por los trabajadores como una herramienta cierta de acción frente a conflictos que antes consideraban sin salida.

El relevamiento fue presentado el sábado en el centro cultural de la imprenta recuperada Chilavert. El director del programa, Andrés Ruggeri, con el apoyo de un Power Point mostró los datos principales de lo que es, a fin de cuentas, el mapa más completo que se tenga sobre el tema, un mapa armado en base a visitas a cada cooperativa por parte de los investigadores, 85 estudiantes universitarios que hicieron el rastrillaje. La universidad ya había hecho otros dos relevamientos generales, en el 2003 y 2004, y luego –en el 2007– un estudio de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Esto le permite hacer comparaciones en el tiempo y detectar cambios y tendencias.

Una de las novedades de esta época es que aparecen otros actores entre quienes son señalados por los trabajadores como sus apoyos. En primer lugar, en los procesos de recuperación el respaldo más fuerte sigue siendo el de las otras empresas recuperadas, pero ahora aparece el Estado (en años anteriores no era así) y aumentó la importancia otorgada a los sindicatos, mientras que se desdibujaron los movimientos sociales. Quizá lo más llamativo sea el giro que dieron los gremios, que allá por el 2001, en el pico de este fenómeno, eran hostiles a la toma de empresas y su reapertura por parte de los trabajadores, con la única excepción de la UOM.

Entre el público reunido en el primer piso de Chilavert, sin embargo, hubo otro tema que se llevó todo el interés: la situación de los trabajadores y, en especial, el modo en que realizan nuevas incorporaciones a sus cooperativas. De acuerdo con el relevamiento, hoy en las recuperadas trabajan 9362 personas (en el 2004 eran bastante menos, 6900). Este crecimiento se debió no sólo a que hay nuevas empresas autogestionadas, sino a que las antiguas tomaron trabajadores. El conflicto está en que un elevado número de las incorporaciones se hace bajo contrato.

Como cooperativas de trabajo (ésta es la forma legal que adoptaron todas las recuperadas para poder impulsar la expropiación de las máquinas y edificios), las empresas autogestionadas sólo pueden tomar gente en calidad de aspirantes a socios, con un período de prueba de seis meses, vencido el cual deben definir si los integran. En la investigación, surgió que un 46 por ciento de las recuperadas tienen en su plantel de trabajadores a personas que no son socias. De ellas, un 45 por ciento aparece como contratados como aspirantes y otro 21 por ciento figura en la encuesta como contratado, sin más detalle, es decir que no se sabe en qué condición.

El dato sirvió para abrir la discusión sobre las dificultades de las recuperadas en este punto, una cuestión sensible porque hace a su identidad. Si en épocas de crecimiento piensan en ampliar el número de trabajadores, cuando sus ventas decaen o su mercado se achica no pueden aplicar la clásica receta de los privados y despedir gente. Les queda el recurso de que cada socio se lleve menos dinero a su casa a fin de mes, pero esto pone en crisis a la cooperativa. En algunos casos, hay cooperativas que decidieron colectivamente hacer suspensiones rotativas. Como sea, hay un panorama que vuelve muy complejo para las recuperadas tomar la decisión de agregar puestos de empleo.

Para algunos de los trabajadores presentes en el debate, la solución sería permitir a las cooperativas de trabajo tomar personal en relación de dependencia. Otros plantearon que el período de prueba podría extenderse a dos años, porque asociar a un nuevo integrante a una cooperativa es una decisión de demasiado peso. La mayoría expresó que las leyes que se aplican al sector no son adecuadas; fueron hechas para cooperativas de trabajo, pero las recuperadas no nacieron como cooperativas, sino que tuvieron que adoptar a la fuerza esa figura legal. El trabajo autogestionado, coincidieron, es otra cosa.

El desafío de incorporar trabajadores todavía no encuentra un modo de ser resuelto, y se muestra como el gran tema de los próximos años.

El rol del Estado aparece como complejo y contradictorio. “Al no tener una política coherente, el Estado atiende a las recuperadas con acciones sueltas”, señaló Ruggeri. El grueso del apoyo es a través de subsidios: el 85 por ciento de las recuperadas declaró haberlos recibido, la mayoría a través del Ministerio de Trabajo, que creó el Programa Trabajo Autogestionado, y luego a través del Inaes y del Ministerio de Desarrollo Social. El relevamiento detectó, sin embargo, que no hay una política unificada ni siquiera en la otorgación de los subsidios, que en general se entregan luego de que los propios trabajadores presionan y buscan “en los recovecos de la administración la posibilidad” de conseguirlos. Mientras tanto, el grueso de las expropiaciones sigue sin ser pagadas por el Estado, lo que da lugar a juicios de expropiación inversa, y no se ha impulsado la sanción de una legislación específica para el sector, lo que deja a las autogestionadas sin acceso al crédito –ya que no tienen la propiedad de sus inmuebles– e incluso fuera de los créditos de la banca estatal, y sin poder acceder a los planes de promoción para las pymes.

Sobre este panorama de dificultades, con todo, las recuperadas se muestran como una realidad consolidada y vital. De las 128 estimadas como existentes en el 2003, pasaron a 161 en el 2004 y a 205 en la actualidad. Aunque la mayoría están ubicadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en los últimos años el crecimiento se hizo más notable en el interior del país. El relevamiento señala que la crisis internacional generó una nueva camada de recuperadas, pero que en general lo que se ve es un flujo estable de nuevas recuperaciones. La tasa de permanencia de las autogestionadas también se mantiene alta, como otro indicador de la potencialidad del sector.

Thursday, 7 October 2010

Health: OECD says governments must fight fat
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23/09/2010 - This new OECD report examines the current obesity epidemic, giving new comparative data, trends and projections across OECD countries and outlining causes and costs. It also notes ways in which the private sector and governments encouraged obesity and makes recommendations for ways they can contribute to combating it.



Since the 1980s, obesity has spread at an alarming rate. Changes in food supply and eating habits, combined with a dramatic fall in physical activity, have made obesity a global epidemic. Across OECD countries, one in 2 adults is currently overweight and 1 in 6 is obese. The rate of overweight people is projected to increase by a further 1% per year for the next 10 years in some countries.






Rates are highest in the United States and Mexico and lowest in Japan and Korea, but have been growing virtually everywhere. Children have not been spared, with up to 1 in 3 currently overweight. Severely obese people die 8-10 years sooner than those of normal-weight, similar to smokers, and they are more likely to develop diseases such as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Obesity is a burden on health systems, with health care expenditure for an obese person at least 25% higher than for someone of normal weight.





Cooperation between governments and the private sector is key to the success of combating obesity. A prevention strategy combining health promotion campaigns, government regulation and family doctors counselling their obese patients would avoid hundreds of thousands of deaths from chronic diseases every year. It would cost from USD 10 to USD 30 per person, depending on the country. Failure would impose heavy burdens of future generations.


Health ministers of OECD countries will be discussing obesity and the economics of prevention: Fit not fat when they meet at the OECD 7 – 8 October 2010.

OECD repor in obesity

1. Individual prevention programmes could avoid up to 47 000 deaths from chronic diseases every year. Deaths avoided could increase to 55 000 if different interventions were combined in a comprehensive prevention strategy. An organised programme of counselling of obese people by their family doctors would also lead to an annual gain of over 150 000 years of life in good health.




2. How much does prevention cost? How much does it save? Most prevention programmes would cost less than MXN 3.5 bn every year, with individual counselling by family doctors costing up to MXN 19 bn. Most prevention programmes will cut health expenditures for chronic diseases, but only by a relatively small margin (up to MXN 3.9 bn per year).





3. Is prevention cost-effective? Prevention can improve health at a lower cost than many treatments offered today by OECD health systems. In Mexico, all of the prevention programmes examined will be cost-effective in the long run – relative to internationally accepted standards corresponding to around MXN 640 000 per year of life gained in good health. However, some programmes will take a longer time to produce their health effects and therefore will be less cost-effective in the short run.

Friday, 24 September 2010

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Wednesday, 22 September 2010

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Monday, 23 August 2010

Gustavo Esteva en La Jornada

En el abismo
Gustavo Esteva
Se acumulan en mi escritorio los asuntos que quiero tratar, pero deben quedar pendientes.

Me gustaría hablar de la comida, por ejemplo. Tiene razón Galeano. En estos tiempos de miedo global, quien no tiene miedo al hambre tiene miedo de comer. Tras las cosechas más altas de la historia nos acosa de nuevo el hambre. Las mismas corporaciones que la causan y destruyen el ambiente llenan de chatarra o veneno los platos de quienes pueden colmarlos... con pleno apoyo gubernamental. Y quiero escribir del movimiento invisible de millones de personas que resisten esas agresiones y empiezan a transformar el mundo alimentario.

¡Hay tantas cosas de qué ocuparse en este mundo en ebullición que nos ha tocado vivir! Pero no puedo apartar la atención del dolor que causa la ampliación y profundización del estado de excepción, al extenderse como paramilitarización en porciones cada vez mayores del país.

Las agresiones a las comunidades zapatistas se han vuelto tan repetidas y cotidianas que dejan de ser noticia. El silencio de los medios se ahonda con el de los partidos y el gobierno, incluyendo naturalmente al PRD, responsable directo de muchos ataques paramilitares en Chiapas y dócil participante en el espectáculo sobre seguridad armado por Felipe Calderón en el Campo Marte.

La entrega de amplios espacios del territorio nacional a los paramilitares guarda a menudo relación con la previa entrega de esos espacios al capital nacional o trasnacional, que exige el desalojo de quienes habitan en ellos y son sus dueños legítimos para poder iniciar la explotación de los recursos. En otros casos se trata de cumplir acuerdos mafiosos para mantener la estructura caciquil y el ejercicio de dominación sobre las comunidades, particularmente entre los pueblos indios. Finalmente, se busca impedir que tengan éxito los empeños autónomos y de mantener bajo asedio a los que logran consolidarse.

Quizás el ejemplo más claro de esta peculiar forma de desmantelamiento del estado de derecho y de pérdida de soberanía y gobernabilidad es el de San Juan Copala. La subordinación al poder paramilitar fue oficialmente reconocida por el gobierno de Oaxaca, en ocasión de la segunda caravana para romper el cerco tendido en torno al municipio autónomo. El siguiente paso en la estrategia que intenta liquidarlo es particularmente ominoso.

En su comunicado más reciente el municipio autónomo hace un llamado urgente, particularmente a la otra campaña:

"El pueblo digno de San Juan Copala se dirige a ustedes para denunciar una vez más la masacre que el poderoso prepara a través de sus grupos paramilitares en nuestra comunidad triqui."

El comunicado explica cómo la muerte de Anastasio Juárez, hermano del dirigente de UBISORT, derivada de una disputa por el poder político y económico en Juxtlahuaca, fue empleada para que los paramilitares, apoyados por unos 300 policías estatales, retomaran a balazos el control del palacio municipal de Copala. En el episodio, el 30 de julio, desaparecieron dos personas y dos niñas fueron heridas.

La represión se intensificó desde entonces. Cuando los paramilitares abandonaron el palacio municipal y lo ocuparon de nuevo las autoridades del municipio autónomo, el 18 de agosto, se reanudaron los ataques. Desde entonces la comunidad se encuentra bajo tiroteo permanente.

"Como triquis que somos", señala el comunicado, “denunciamos a las dirigencias que a través de las armas quieren seguir sometiendo a un pueblo que reclama la paz con dignidad… y al mismo tiempo hacemos responsables de lo que nos pueda ocurrir al gobierno de URO por su negativa e incapacidad para detener a los paramilitares.

“Éste es nuestro llamado de auxilio porque sabemos que los paramilitares ya se multiplicaron y amenazan con desalojar a los compañeros del palacio municipal. Tememos por toda nuestra comunidad porque ellos no respetan niños, ancianos, etcétera. Los disparos, las amenazas y la represión no cesan y en el DF el gobierno insiste en quitarnos del plantón…”

Se ha anunciado que el día de hoy, 23 de agosto, saldrá de Oaxaca una nueva caravana, esta vez a la ciudad de México, para dar a conocer a todas las instancias nacionales e internacionales la situación insoportable en que se encuentra la gente de San Juan Copala.

No es asunto menor ni episodio aislado. Casos como el de Copala aparecen claramente como incitaciones a formas de guerra civil que puedan dar apariencia de legitimidad al autoritarismo que deja de estar al acecho para convertirse en realidad cotidiana y general. Copala y los zapatistas ilustran también la capacidad de resistencia y la decisión de no recurrir a la violencia. Son un llamado en que lo urgente se convierte en lo realmente importante.

gustavoesteva@gmail.com
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